Durante meses, los analistas y detractores de Daniel Noboa han recurrido con frecuencia a la etiqueta de la venganza para intentar dar sentido a las decisiones más disruptivas del Ejecutivo ecuatoriano. Sin embargo, recurrir al diagnóstico de la irracionalidad o el descontrol emocional es un error de lectura. Lo que hoy experimenta Ecuador no es el resultado de impulsos erráticos, sino la consolidación de un modelo político estructurado bajo una racionalidad punitiva: un sistema que utiliza la crisis de seguridad, el derecho penal, la excepcionalidad constitucional y el espectáculo de la fuerza para neutralizar adversarios, disciplinar disidencias y acumular poder.
No estamos ante un desvarío. Estamos ante un diseño de gobernanza basado en la lógica del enemigo, el personalismo y el shock institucional.
1. La seguridad como cheque en blanco
El eje sobre el cual gira toda la arquitectura de poder de Noboa es la crisis de seguridad. Desde la declaración del “conflicto armado interno” en enero de 2024 mediante el Decreto 111, la excepción se ha convertido en la norma ordinaria.
Nadie pone en duda la gravedad de la amenaza criminal que sufre el país, con cárceles que fueron capturadas por mafias y rutas de narcotráfico consolidadas. Sin embargo, la instrumentalización política de esta crisis es evidente. El Gobierno justifica la militarización permanente y la restricción de derechos como las únicas vías de salvación, pero los resultados estructurales siguen bajo severo cuestionamiento. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales —la tasa más alta de su historia reciente (50,91 por cada 100.000 habitantes)—. Aunque el Ejecutivo reportó una reducción del 13,3% en el primer trimestre de 2026, el punto de partida sigue siendo uno de los escenarios más violentos de la región.
La seguridad en este modelo no funciona solo como un fin técnico; es la premisa narrativa que permite al Ejecutivo etiquetar cualquier obstáculo o disidencia —sea la Corte Constitucional, la oposición legislativa, las protestas sociales o la prensa— como cómplice de las mafias o factor de desestabilización.
2. La judicialización del adversario: el caso Aquiles Álvarez
El ejemplo más nítido de esta racionalidad punitiva es el proceso contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, detenido desde el 10 de febrero de 2026 en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.
El caso de Álvarez ilustra una dinámica compleja: la existencia de materia penal real no excluye el uso político del aparato judicial. Las investigaciones de la Fiscalía por presunto desvío de combustible subsidiado (caso Triple A, con un perjuicio estimado en USD 61,5 millones) y lavado de activos (caso Goleada) presentan hipótesis fiscales concretas que deben ser dirimidas técnicamente en los tribunales. Sin embargo, la acumulación sucesiva de causas, el uso de la prisión preventiva como pena anticipada y la severidad de las condiciones de su reclusión —denunciadas por su defensa como un aislamiento extremo que deteriora su salud— exponen un propósito adicional.
Al expandir el cerco judicial hacia su entorno familiar (esposa, madre y hermanos) y sus vínculos deportivos, el Ejecutivo no solo busca esclarecer un presunto delito; persigue la demolición política y civil de un rival estratégico. Álvarez queda físicamente neutralizado, Guayaquil descabezada de su liderazgo electo y la oposición recibe un mensaje de advertencia nítido: desafiar al poder central conlleva costos que trascienden lo estrictamente político.
3. El asedio a los contrapesos constitucionales
Cuando las instituciones de control actúan como límites al poder del Ejecutivo, la respuesta del Gobierno de Noboa no ha sido el debate jurídico, sino el hostigamiento público.
- El choque con la Corte Constitucional: Tras la suspensión provisional en agosto de 2025 de varios artículos de leyes de seguridad e inteligencia impulsadas por el oficialismo, la respuesta gubernamental cruzó líneas rojas. La movilización de marchas presidenciales contra la Corte y la aparición de vallas publicitarias con los nombres y rostros de los jueces bajo el lema de que “robaban la paz” representan una forma de presión directa sobre la independencia judicial.
- La supresión de la línea de sucesión: La disputa con la vicepresidenta Verónica Abad muestra una alarmante instrumentalización del Estado para resolver rencillas personales. El destierro diplomático, la suspensión administrativa por el Ministerio de Trabajo (luego anulada por la justicia por inconstitucional) y los decretos inconstitucionales para encargar la Presidencia a Cynthia Gellibert en lugar de a Abad durante la campaña electoral de 2025, revelan un desprecio por las normas básicas de sucesión institucional. La persecución penal a su hijo (caso Nene) y al abogado defensor de este (caso Fachada) complementan un patrón de asfixia sistemática al entorno de quien es percibida como enemiga.
4. La securitización de la protesta y el control narrativo
El disenso social bajo este modelo no se administra políticamente; se securitiza.
Durante las protestas de septiembre de 2025 tras la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el galón de USD 1,80 a USD 2,80, la respuesta estatal no fue el diálogo, sino la declaración de estados de excepción, el despliegue militar y la imputación de cargos de terrorismo a manifestantes. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron abusos de fuerza, detenciones arbitrarias y un mecanismo sumamente lesivo: el congelamiento de cuentas bancarias de organizaciones indígenas, sociales y ambientales sin pruebas sólidas previas, una medida que paraliza la disidencia civil sin necesidad de obtener una condena en firme.
A este control de la protesta se suma el control de la información. La deportación del periodista español Bernat-Lautaro Bidegain bajo argumentos de “seguridad nacional” no revelados, la salida del aire del programa “Los Irreverentes” tras denunciar presiones gubernamentales, y las agresiones a la prensa registradas durante las jornadas de paro, dibujan un ecosistema informativo bajo sospecha y autocensura.
5. El costo humano y las dos medidas del poder
La aplicación de esta fuerza sin contrapesos efectivos produce daños colaterales graves que erosionan la legitimidad del propio discurso de orden. El caso de Las Malvinas en Guayaquil, donde cuatro niños fueron interceptados por una patrulla militar bajo el estado de excepción y hallados muertos 17 días después con signos de tortura, es la manifestación más trágica de un modelo de seguridad con controles internos débiles. Aunque el sistema judicial terminó sentenciando a los militares responsables por desaparición forzada, la postura inicial del Ministerio de Defensa de culpar a bandas delincuenciales antes de que la evidencia fuera incontestable refleja una tendencia a proteger el aparato armado por encima de los derechos civiles.
En contraste con esta severidad implacable hacia el disenso, el Gobierno muestra una notable laxitud cuando los cuestionamientos rozan al oficialismo. El bloqueo en la Asamblea Nacional —donde el bloque oficialista controlaba comisiones estratégicas— de investigaciones sobre las pérdidas de USD 100 millones en contratos con la firma Progen durante la crisis eléctrica, o el manejo político del caso Olón, que involucró un proyecto inmobiliario vinculado a la primera dama en un área protegida, demuestran que el rigor punitivo es selectivo: se aplica con dureza quirúrgica hacia fuera, mientras se despliegan escudos de contención hacia dentro.
Veredicto: El riesgo de la excepcionalidad permanente
Daniel Noboa no gobierna desde el descontrol. Su estrategia responde a un cálculo de poder frío, donde el conflicto permanente es el motor que le permite justificar la concentración de funciones y eludir el desgaste político de una gestión con resultados estructurales limitados.
El peligro real de este modelo no radica en la psicología del mandatario, sino en el legado institucional que deja a su paso. Al normalizar el uso de las prisiones como herramientas de neutralización política, tratar a los jueces constitucionales como enemigos del pueblo, calificar la protesta social como terrorismo y esquivar las reglas de sucesión constitucional, se está vaciando de contenido al Estado de derecho.
La paradoja del modelo punitivo es que requiere dosis cada vez más altas de espectacularidad y conflicto para sostener su legitimidad. En un país exhausto por la violencia y la precariedad económica, gobernar mediante el castigo puede asegurar el control del tablero político en el corto plazo, pero siembra las bases de una polarización destructiva y de un autoritarismo de baja intensidad difícil de revertir en el futuro.
